Las milicias de Río pasan de la podología a las criptomonedas
La investigación revela cómo las milicias operan una economía criminal sofisticada y diversa, que va desde la extorsión menor hasta el chantaje a grandes corporaciones.
247 Los últimos episodios de terror en Río de Janeiro han arrojado luz sobre las acciones de las milicias en el estado. Informe de periódico O Globo revela que la milicia controla una intrincada red de negocios que financia y sustenta las actividades de los grupos paramilitares en Río de Janeiro. El informe destaca cómo estas organizaciones criminales, responsables de incidentes aterradores como la quema de 35 autobuses en represalia por la muerte de un líder, controlan vastas zonas de la ciudad y explotan a ciudadanos y empresarios.
Un estudio del Grupo de Estudio de Nuevos Ilegalismos (Geni) de la Universidad Federal Fluminense (UFF) revela que las milicias controlan 284,3 kilómetros cuadrados del área metropolitana de Río de Janeiro, equivalente a todo el municipio de São Gonçalo. La presencia más intensa se concentra en la Zona Oeste de Río de Janeiro, donde vive aproximadamente un tercio de los 6,2 millones de habitantes de la ciudad.
La investigación revela cómo las milicias operan una economía criminal sofisticada y diversa, que va desde la extorsión menor, el cobro de tarifas a residentes y pequeños comercios, hasta el chantaje a grandes empresas, que se ven obligadas a pagar peajes para operar en zonas controladas por los criminales.
Negocios legales, como clínicas de podología, gasolineras, farmacias, mercados y tiendas de conveniencia, se utilizan como fachada para blanquear dinero ilícito. Los paramilitares a menudo recurren a testaferros para ocultar sus actividades ilegales, mientras manipulan los precios de productos y servicios en zonas controladas, lo que eleva los costos para los consumidores locales.
Además de las actividades tradicionales, la milicia también participa en negocios rurales, como granjas y cría de ganado valioso, además de invertir en criptomonedas, lo que dificulta rastrear el origen de sus fondos.
A pesar de las recientes operaciones policiales que han provocado importantes pérdidas a las organizaciones criminales, los habitantes de estas zonas siguen presas del miedo, obligados a pagar impuestos ilegales bajo amenaza de muerte y de pérdida de sus negocios.