La Operación Escudo se compara con 'Escuadrón de la Muerte' y enfrenta críticas tras 27 muertes.
La Defensoría Pública y Conectas emprenden acciones legales por el uso de cámaras en un operativo policial en Guarujá.
247 - La Defensoría del Pueblo de São Paulo y la organización Conectas Direitos Humanos presentaron una acción civil pública la noche del lunes (4) exigiendo que el sistema judicial obligue al gobierno de São Paulo a equipar a los agentes de policía con cámaras corporales durante la Operación Escudo, que se desarrolla en Guarujá y otras localidades de la Baixada Santista. En caso de que no sea posible cumplir con esta exigencia, la Defensoría del Pueblo solicita la suspensión de la operación, destaca la organización. periódico Folha de São Paulo.
La Operación Escudo ya ha dejado 27 muertos, convirtiéndose en una de las acciones policiales más sangrientas desde la Masacre de Carandiru, ocurrida en 1992, cuando 102 presos fueron asesinados por la policía militar. El número de homicidios cometidos por la policía en Baixada Santista equivale al total registrado en todo el estado de São Paulo durante los meses de abril (26) y junio (27) de este año.
Según el Consejo Nacional de Derechos Humanos, se han recibido informes de ejecuciones extrajudiciales, torturas, allanamientos de morada y destrucción de viviendas. Cabe destacar que no se han reportado agentes de policía heridos ni vehículos policiales dañados.
Tras la tragedia, el gobierno movilizó a 600 policías para la Operación Escudo, que continuó incluso después de la detención de los sospechosos y que resultó en 27 muertes. La Defensoría del Pueblo recuerda que este modus operandi se remonta a los «Escuadrones de la Muerte», como señaló el jurista Hélio Bicudo, en los que la muerte de un agente de seguridad instauraba una lógica de venganza institucional en la década de 1960.
La demanda presentada por la Defensoría Pública destaca una serie de pruebas que indican abuso de poder y uso desproporcionado de la fuerza por parte de los agentes de policía asignados al operativo. La Defensoría Pública subraya que la postura de la administración estatal respecto al uso de cámaras corporales «refuerza el principio de transparencia en materia de derechos».
Hasta la fecha, la Oficina del Defensor Público no ha tenido acceso a las grabaciones de las cámaras corporales y solicita al Estado que las ponga a su disposición para la investigación.
Los informes policiales presentados durante el operativo indican que, hasta el momento, solo los agentes involucrados en las muertes han actuado como testigos oficiales. La Defensoría Pública argumenta que la administración estatal optó deliberadamente por no utilizar cámaras corporales para aumentar la transparencia de las actuaciones policiales y garantizar la supervisión externa del uso de la fuerza.
La Defensoría Pública subraya la urgente necesidad de utilizar cámaras corporales y garantizar la transparencia para esclarecer los hechos ocurridos durante el operativo y asegurar la rendición de cuentas en casos de abuso policial. La falta de análisis de las imágenes imposibilita determinar las causas de muerte y comprender la secuencia de los hechos.