La investigación sobre corrupción en la educación se acerca cada vez más a Richa.
El gobernador de Paraná está trabajando con abogados para diseñar una estrategia que le permita desvincularse del escándalo de corrupción en la Secretaría de Educación, objetivo de la Operación Quadro Negro, que destapó la malversación de casi 20 millones de reales para la campaña del gobernador y sus aliados; las acusaciones también involucran a su hermano y secretario de Infraestructura, Pepe Richa, y a Abi Antoun, primo de Beto Richa; los documentos que mencionan el nombre de Richa y los de sus allegados implicados en la trama están en manos del fiscal general de la República, Rodrigo Janot.
Parana 247 El gobernador de Paraná, Beto Richa (PSDB), trabaja con aliados y abogados para diseñar una estrategia que le permita desvincularse del escándalo de corrupción en la Secretaría de Educación, objetivo de la Operación Quadro Negro. Según investigaciones de la Fiscalía General del Estado (MP-PR), un testimonio indica que casi 20 millones de reales fueron desviados a la campaña del gobernador y sus aliados en 2014. Él lo niega.
Las acusaciones también apuntan a su hermano y Secretario de Infraestructura, Pepe Richa, y a un primo, el ya famoso Abi Antoun, quien también está involucrado en el escándalo de corrupción en el Servicio Estatal de Ingresos (leer más aquíPresuntamente, ambos recibieron sobornos del programa del Ministerio de Educación.
Los investigadores quieren saber cómo se movió el dinero. Los primeros detalles de las investigaciones judiciales indican que el propietario de Valor Construtora, Eduardo Lopes, presuntamente envió fondos a cuentas en el extranjero. Las acusaciones provienen de exempleados de sus empresas. Se cree que el empresario fue responsable de organizar la distribución del dinero entre funcionarios del Ministerio de Educación y para campañas políticas.
Los sobornos se desviaron de escuelas proyectadas que nunca se construyeron. El resto del dinero se envió ilegalmente fuera de Brasil a través de un lavador de dinero, aún no identificado, según Carta Capital.
Según la investigación, se sabe que un hombre llamado Rui llevaba con frecuencia dólares y euros a la sede de la constructora. Los investigadores también identificaron a otros participantes en la trama mediante el análisis de las grabaciones de las cámaras de seguridad.
Se sospecha que el blanqueador de dinero facilitó la transferencia de fondos a al menos dos países: Estados Unidos y Mozambique. Según sus empleados, durante el último año, Lopes mostró interés en abrir una sucursal en Mozambique, pero no logró obtener contratos en el extranjero.
Los documentos que mencionan los nombres de Richa y Durval Amaral, exjefa de gabinete y asesora del Tribunal de Cuentas del Estado, se encuentran en la Fiscalía General de la República (PGR), dirigida por Rodrigo Janot. Las secciones que mencionan al presidente de la Asamblea, Ademar Traiano (PSDB), y al diputado Plauto Miró (DEM) fueron remitidas a la Fiscalía General de Paraná.
Filial utilizada para ocultar sobornos
Con el fin de blanquear dinero, presuntamente se creó una filial a nombre de una trabajadora doméstica en Mozambique y otros testaferros. Otra forma de ocultar sobornos era en Nueva York. Uno de los denunciantes afirmó que Lopes viajó a Estados Unidos con grandes sumas de dinero y no ocultó que tenía bienes fuera del país.
Según un testigo, las cuentas en Estados Unidos estaban registradas a nombre de la esposa y el hijo de Lopes. Ambos fueron arrestados por su presunta participación en la trama. Gustavo Lopes se encuentra en prisión preventiva desde finales del año pasado, y la esposa de Eduardo, Patricia Baggio, fue arrestada el día 15. El tribunal le concedió arresto domiciliario debido a que está amamantando a su hijo de cuatro meses.
En Paraná, la logística para el transporte de dinero implicaba un curioso esquema. Se retiraban sumas de hasta R$ 800 en efectivo y se llevaban a la sede de la constructora Valor, donde los sobornos se separaban en cajas de vino y se redistribuían entre las botellas como obsequios para los destinatarios del dinero.
Producto de alto valor con Richa
También llama la atención un reloj Rolex, valorado en hasta R$ 500, que se encuentra en posesión del gobernador. El reloj fue un obsequio de Maurício Fanini, exdirector de la Secretaría de Educación. Se cree que Fanini era contacto de Lopes y que poseía una colección de relojes Rolex. La investigación busca determinar si el exfuncionario público recibió el reloj del empresario y con qué propósito.
Además de relojes de diseñador, el empresario poseía un ático en Curitiba valorado en R$ 4 millones, sin mencionar los coches importados y el Mercedes-Benz rojo que usaba su hijo.
Más tucanes involucrados
En los últimos días, han surgido nuevos nombres del partido PSDB implicados en el fraude. Según las investigaciones, la malversación habría comenzado varios años antes bajo el auspicio del diputado federal Valdir Rossoni (PSDB). Los denunciantes afirmaron que la constructora Valor obtuvo contratos en la ciudad de Bituruna, en el sureste de Paraná, sin participar en un proceso de licitación y sin presentar un portafolio técnico, documento que acreditaría su experiencia en la gestión de proyectos similares.
Una de las personas utilizadas por Lopes, Tatiane de Souza, afirmó que dentro de la empresa se rumoreaba que Rossoni era un político influyente en el municipio. Valdir es el padre del exalcalde de Bituruna, Rodrigo Rossoni (PSDB), a quien se le revocó el mandato por abuso de poder económico durante las elecciones, acusado de contratar personal de campaña. El congresista se negó a comentar sobre las acusaciones, según Carta Capital.
El otro lado
El abogado de Lopes, Roberto Brzezinski Neto, le aconsejó a su cliente que no aceptara un acuerdo con la fiscalía. Brzezinski cree que el Tribunal de Justicia de Paraná revocará la orden de arresto contra el empresario, su hijo, su esposa y su hermana, quien se encuentra prófuga.
Según se informa, los familiares de Lopes están descontentos con la estrategia del abogado. Afirman que Brzezinski actúa en interés de otras personas investigadas. En cualquier caso, la fiscalía da por segura la condena del empresario.