Lava Jato quiere bloquear visita de Dilma a Lula.
En otro acto arbitrario contra el expresidente Lula, quien lleva 16 días en prisión política en Curitiba, el Ministerio Público Federal intenta impedir que la presidenta legítima y destituida, Dilma Rousseff, visite a Lula. Para el fiscal Januário Paludo, las visitas de familiares "deben prevalecer sobre las de amigos". El miércoles pasado (18), ya había destacado que "no es viable establecer o ampliar horarios de visita diferentes para el detenido Luís Inácio Lula da Silva, ya sea por conveniencia administrativa o para crear una discriminación injusta con respecto a otros detenidos allí". Dilma y una comisión de diputados planean visitar a Lula este martes (24).
247 - El grupo de trabajo de la Operación Lava Jato se ha posicionado contra la posibilidad de que el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, preso en Curitiba, reciba visitas de la expresidenta Dilma Rousseff y una comisión de diputados. Según el fiscal regional del Ministerio Público Federal (MPF), Januário Paludo, las visitas de familiares "deberían prevalecer sobre las de amigos".
El miércoles pasado (18), ya había destacado que "no es viable fijar o ampliar horarios de visita diferenciados para el detenido Luís Inácio Lula da Silva, sea por conveniencia administrativa o para crear una discriminación injusta en relación a los demás detenidos allí recluidos".
La solicitud de visita de Dilma se formalizó el sábado pasado (21) y, en su petición, destacó que su amistad con Lula es "un hecho público y notorio". "Trabajan juntos desde 2002 y, en los años posteriores, desarrollaron una estrecha relación y una profunda amistad, cuya preservación es urgente en la actual situación de privación de libertad en la que se encuentra el expresidente Lula", destacó en el texto firmado por el exministro de Justicia Eugênio Aragão.
El fiscal también expresó su descontento con la visita de una comisión de diputados. Según Paludo, «el propósito de la visita parece inapropiado» y «la inspección o auditoría, según se solicita, es responsabilidad de las Comisiones Permanentes, especialmente las de Seguridad Pública y Combate a la Delincuencia Organizada y las de Derechos Humanos y Minorías, según el Reglamento Interno de la Cámara de Diputados».